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dimarts, 1 d’abril de 2014

Unió Democràtica de Catalunya (els socis de Conveniència)

I no passa ressssssssssssss!!!

El juez ve indicios de que Unió se benefició de una trama delictiva

El partido ahorró 370.000 euros en servicios y alquileres por el “desvío de fondos” de su fundación

El exgerente del partido democristiano está a un paso del banquillo


Unió Democràtica de Catalunya (UDC) se benefició, presuntamente, de una trama delictiva que vació los fondos de la Fundación Cataluña y Territorio, afín al partido democristiano. En un auto en el que da por cerrada la investigación después de cuatro años, el juez concluye que hay suficientes indicios como para que seis personas —incluido el exgerente de la formación, José María Núñez— se sienten en el banquillo de los acusados por una ristra de delitos: estafa, apropiación indebida, administración desleal, insolvencia punible, falsedad y simulación de negocios.
Dos de los empresarios imputados, que ejercían al mismo tiempo como empresarios del grupo IMS y vocales de la fundación —Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés— y el exgerente de Unió procedieron, “de forma conjunta y concertada” a “desviar fondos” de la fundación que acabaron redundando en beneficio del partido, según el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Entre servicios y alquileres, el partido se ahorró unos 370.000 euros.

La formación de Duran Lleida ya ha devuelto unos 195.000 euros

Una parte de ese dinero fue utilizado para “saldar las deudas” que la formación dirigida por Josep Antoni Duran Lleida había contraido con Kontrast Productions, una empresa que le organizaba congresos, reuniones y jornadas. Según declaró ante el juez el administrador de esa compañía, Núñez le dio instrucciones para que girara las facturas pendientes de cobrar no al partido, sino a sociedades del grupo IMS. E incluso le indicaba qué conceptos debía incluir en las facturas, detalló. La cantidad total asciende a 178.000 euros.
Desde 2005, además, y “en beneficio de UDC”, los dos vocales junto al entonces presidente de la fundación, Josep Boqué, —también imputado— “renunciaron a cobrar los alquileres de los inmuebles” que eran propiedad de Cataluña y Territorio y que el partido democristiano tenía alquilados. Además, cinco locales propiedad de la fundación fueron vendidos al partido democristiano a un precio “a todas luces sensiblemente inferior al del mercado”, según la querella de la fiscalía que motivó las investigaciones. Unió, de nuevo, resultó beneficiada y se ahorró unos 195.000 euros.
En 2010, cuando comenzó la instrucción, Boqué —que había sido director de Consumo de la Generalitat en los años 90— negó haber facilitado ventajas y se escudó en que la gestión estaba delegada en los vocales López y Cortés.

Durante la investigación, el juez dio la condición de responsable civil “a título lucrativo” a Unió. Se trata de una figura jurídica prevista para que quien se lucra gracias a un delito que no ha cometido, lo devuelva. El auto no aclara si mantiene esa condición a Unió. Fuentes judiciales confirmaron, sin embargo, que el partido ya ha devuelto 195.000 euros: unos 160.000 por la parte de los locales que aún no se había pagado, y otros 35.000 por los alquileres pendientes.
La investigación contiene media docena de subtramas, y el expolio de la fundación afín a Unió no fue solo en una dirección. Según el juez, el expresidente y los dos vocales del think tank extrajeron 1,8 millones de euros de la entidad entre 2004 y 2007 a favor de su grupo, IMS. Una tercera parte de ese desvío (600.000 euros) corresponde a servicios que la fundación pagó pero, en realidad, no recibió. “Se desconoce el destino de esos fondos”, señala el auto, toda vez que los imputados los retiraron mediante transferencias bancarias. El resto del dinero (1,2 millones) corresponde a un préstamo que Cataluña y Territorio concedió a IMS. Pero el préstamo tampoco es real, según el juez, sino solo “un intento de dar cobertura legal a la mayor parte de los fondos” desviados.
El auto también pide que se siga el proceso contra otros dos empresarios —Xavier Soriano y José Cornadó, de Copisa— por la simulación de un negocio que permitió a Soriano “obtener un millón de euros”. El juez pide a las partes —la fiscalía y las defensas— que presenten sus escritos antes de decidir si sienta en el banquillo a los imputados.