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dimarts, 9 de setembre de 2014

Desastre assegurat i niu d’abusos

I aquí, encara hi ha, qui defensa fer-nos militars

Un guardia civil en una manifestación por sus derechos.







Un guardia civil de Tenerife se enfrenta a la cárcel por discutir con un superior

El sindicato AUGC critica la indefensión del agente aronero, ya que asegura que no hay testigos de la discusión con el cabo, que tuvo lugar hace un año

La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) denuncia la situación de indefensión en la que se encuentra un guardia civil destinado en el municipio sureño de Arona que se enfrenta a varios meses de cárcel por, presuntamente, insultar a un superior. Los hechos tuvieron lugar hace un año, cuando el superior, un cabo primero, fue a casa del guardia civil para pedirle que firmara una notificación. El afectado mostró su disgusto por ser importunado en su domicilio cuando podía haber firmado ese documento en el trabajo al día siguiente, y así comenzó la discusión.

Al final, los dos se denunciaron mutuamente. El cabo primero denunció al guardia civil por insultos y, a su vez, el subordinado lo hizo por abuso de autoridad. El Tribunal Togado Militar Territorial número 51 de Santa Cruz de Tenerife ha sobreseído la denuncia del guardia civil, pero no la del superior, que sigue su curso y se espera el juicio para después del verano.

Según informa AUGC, el taxista que llevó al cabo primero hasta la casa del afectado, único testigo, ya ha declarado que estaba demasiado lejos como para oír si hubo insultos o ver si realmente estaban discutiendo. Ahora, el guardia civil, que se encuentra de baja por depresión, se enfrenta a la cárcel e, incluso, a una orden accesoria de inhabilitación, en cuyo caso perdería la condición de guardia civil. Además, el sindicato critica que a este funcionario "lo están tratando como si fuera un criminal", obligándolo a cada primero de mes a acudir a Santa Cruz a firmar para certificar que no ha huido.

AUGC lleva mucho tiempo, junto con otros sindicatos, peleando para que a los guardias civiles no se les aplique el Código Penal Militar, ya que, según esta ley, pueden ir a prisión por una mera falta administrativa. Por eso, estos profesionales reivindican que se les quite el rango militar y se les trate como policías, ya que es realmente la labor que hacen.

A este respecto, uno de los mayores logros conseguidos fue la introducción en la Ley Orgánica 12/2007 del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil de un precepto que limitaba la aplicación del Código Penal Militar solo en casos de guerra, estado de sitio, misiones de carácter militar o cuando los guardia civiles estuvieran integrados en unidades militares.

Sin embargo, las enmiendas del PP a la reforma de esta ley y el nuevo Código Penal Militar echan por tierra este avance "y remilitarizan a la Guardia Civil", denuncia el sindicato. La AUGC en la provincia de Santa Cruz de Tenerife también resalta el hecho de que las penas de cárcel que sufrirán ahora los guardia civiles por faltas administrativas adolecen de la posibilidad de suspenderlas o sustituirlas para cumplir el objetivo marcado tanto en el Código Penal Militar como en el Código Penal Ordinario: la reinserción. Según informa, a los delincuentes comunes se les puede suspender su entrada a prisión si durante un tiempo no realizan otros delitos, o sustituirla por una multa o trabajos en la comunidad. Sin embargo, los guardia civiles, por insultar a un superior, van a la cárcel.

Antecedentes en las Islas

No es la primera vez que se da en Canarias la circunstancia de que un agente de la Guardia Civil se enfrente a la cárcel por problemas con sus superiores. El pasado año, un miembro de la Benemérita ingresó en la prisión militar de Alcalá Meco (Madrid) para cumplir una condena de tres meses y un día por empujar a un cabo durante un servicio, después de que la Justicia Militar le negara el beneficio de la suspensión de condena que la ley contempla para personal ajeno a los Ejércitos.

Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en Arguineguín (Mogán, Gran Canaria) el 2 de junio de 2010, en el transcurso de un incidente de orden público que estuvo a punto de provocar que un grupo de ciudadanos asaltara el cuartel de la Guardia Civil.

El Tribunal Militar Territorial Quinto, con sede en Santa Cruz de Tenerife, consideró probado que en un momento del tumulto el agente increpó a un cabo y le propinó un empujón que lo desplazó hacia atrás. Por estos hechos, corroborados por el Tribunal Supremo en 2012, el agente fue condenado por un delito de insulto a un superior previsto en el Código Penal Militar en la modalidad de maltrato de obra.
El agente solicitó que su pena quedara en suspenso y que no se le obligara a ingresar en prisión, alegando que no tenía antecedente penal alguno, lo que fue denegado. Finalmente, ingresó el prisión el 2 de mayo de 2013 hace un año